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Martes, Marzo 10, 2026
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Diputados RN ofician a Contraloría para que verifique el real estado de las 92 obras de arte que la Fundación Salvador Allende utilizó para saldar deuda con el Serviu

 

Andrés Longton y Paula Labra también piden que se inspeccionen el total de obras en poder de la Fundación y del Museo de la Solidaridad Salvador Allende.

Lo revelado hace unos días por El Mercurio en cuanto al pago de una deuda en 2017 que la Fundación Allende mantenía con el Serviu Metropolitano por la “compra” del Palacio Heiremans, ha derivado en que los diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton y Paula Labra -integrantes además de la comisión investigadora por la compraventa de la casa del expresidente- oficien a la Contraloría General de la República. La intención es que se constate el estado actual de las 92 obras que se entregaron en pago, y si corresponden a las catastradas inicialmente.

Sumando además en la solicitud que se realice una inspección “del estado de conservación de dichas obras. De igual forma, se pide que se investigue respecto de las obras de arte respecto de las cuales, “mediante decreto de ley dictado durante el gobierno del ex Presidente de la República, Patricio Aylwin Azócar, se resolvió que aquellas recibidas antes de 1973 pasarían a integrar el patrimonio de los Bienes Nacionales, quedando su administración en comodato a la Fundación Salvador Allende, así como también de aquellas obras entregadas por la misma Fundación en el inventario formalizado a modo de donación al Estado de Chile en el año 2005, durante la administración del ex Presidente Ricardo Lagos Escobar”.

Cabe recordar que las obras de arte -que incluyen pinturas y estatuas- fueron donadas en 2010 por diversos artistas brasileños a la Fundación Salvador Allende, entidad que posteriormente las utilizó para pagar una deuda por la compra al Serviu por más de 24 mil UF del Palacio Heiremans, sede del Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA). Algo inédito según reconoció esta semana en la comisión de Vivienda de la Cámara, el actual director del Serviu Metropolitano, Roberto Acosta, pues el giro de ellos es el de la construcción y no el de recibir arte como una especie de trueque.

En el oficio enviado a Contraloría, los diputados de Renovación Nacional piden incorporar antecedentes sobre el origen, ingreso y resguardo de la colección entregada como pago, entre otras cosas porque en su momento “toda documentación asociada a su donación se gestionó directamente entre el curador y la Fundación Salvador Allende”. Por lo que se desconoce la existencia de “certificados de origen, actas de donación, documentos aduaneros u otros antecedentes que permitan establecer la legítima trazabilidad y condición patrimonial de tales piezas, cuestión que debiera ser objeto de investigación y esclarecimiento por parte de la autoridad competente”.

Por otra parte, y considerando que el museo cuenta con una colección artística superior a las 1.800 obras, se solicita también que el ente contralor indague y verifique el estado de conservación del “total de obras de arte en poder de la Fundación Salvador Allende y el Museo de la Solidaridad Salvador Allende -ya sea como bienes públicos entregados en comodato, depósito o dación en pago-”.

Respecto de las obras entregadas en pago al Serviu, los parlamentarios de RN piden a la Contralora Dorothy Pérez “la instrucción de una investigación especial (…) que comprenda el estado actual en que se encuentran dichas obras, así como el catastro y condición de aquellas que fueron entregadas en comodato”. Agregando la exhibición de “todos los certificados de origen, constancias de donación, documentos aduaneros, actas de entrega y antecedentes patrimoniales asociados a los cuadros brasileños y a toda pieza relevante de la colección”.

Igualmente, se solicita que se “verifique de manera presencial y documental las condiciones de resguardo, conservación, seguridad, climatización, pólizas de seguro, rutinas de mantención , restauración y tasación vigente de las obras en poder de la Fundación Salvador Allende, a fin de salvaguardar debidamente el patrimonio cultural del Estado y prevenir riesgos de daño, extravío, deterioro o pérdida”.

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