Tras la reunión que diputados de la bancada de Renovación Nacional sostuvieron con la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, el pasado lunes 2, donde se le hizo entrega de 5 propuestas en torno al mal uso de licencias médicas -un informe del ente contralor detectó que 25.078 funcionarios abusaron de éstas viajando al exterior del país-, salió este miércoles un hecho concreto. Y se trata de un proyecto de ley que busca “fortalecer las atribuciones del órgano de fiscalización y de control en la administración del Estado”.
De esta manera, además de las propuestas que llevó la bancada de diputados RN hasta Teatinos, se formalizó el día de hoy un proyecto de ley que plasma las propuestas de la Contralora General, Dorothy Pérez para fortalecer su institución.
En concreto, la iniciativa plantea que la Contraloría General de la República tenga “acceso efectivo y oportuno a información financiera y bancaria de los organismos del cual posee control, con el propósito que se le permita contrastar adecuadamente los datos declarados por funcionarios públicos”. Esto permitiría enfrentar con “mayor eficacia y contundencia estas prácticas irregulares, asegurando la disponibilidad inmediata y precisa de información clave para la detección y sanción de ilícitos o infracciones administrativas”.
Además, busca ampliar las facultades del ente contralor “para solicitar bases de datos e información bancaria directamente a las entidades financieras”, lo que permitiría tener certezas respecto de los movimientos financieros detectando posibles irregularidades.
Otro punto importante en el proyecto, es la entrega a Contraloría de una ampliación “de la facultad sancionadora (…) permitiendo imponer directamente medidas disciplinarias en forma de multas y suspensión de funciones, sin goce de remuneraciones.
En el caso de alcaldes y gobernadores, se pide también aplicar sanciones directas “y requerir directamente al tribunal electoral regional la declaración de responsabilidades (…) fortaleciendo así la independencia y eficacia del procedimiento sancionador”. Esto se explicita en el proyecto, para que en cuanto a “persecución y sanción de conductas que atentan contra la probidad pueden verse truncadas por circunstancias y consideraciones de orden político”.
La iniciativa también busca “modernizar el procedimiento sumarial, permitiendo que estos procesos se realicen preferentemente mediante medios electrónicos y digitales, garantizando rapidez, eficacia y transparencia en los procedimientos administrativos que dirige el órgano contralor”. En este punto se hace alusión a que ya durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, se buscó digitalizar y dejar atrás procedimientos administrativos arcaicos y forjados en expedientes escritos”.
Cabe destacar también que los parlamentarios de Renovación Nacional, plantearon al momento de presentar el proyecto de ley, la “necesidad urgente y práctica de dotar a la Contraloría General de la República de herramientas más robustas y efectivas para enfrentar la corrupción”. Más aún considerando, que en los últimos años “hemos sido golpeados por algunos de los casos de corrupción más graves”. Razón por la que se hace imperativo dotar al órgano Contralor de mayores recursos y personal, “además de herramientas jurídicas y normativas que le permitan fiscalizar y sancionar de manera adecuada”.
