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El colegio del menor había presentado antecedentes ante el Servicio de Protección Especializada. La parlamentaria exige investigar a fondo y cuestiona fallas institucionales.
Una denuncia previa por presuntos maltratos había sido presentada por la escuela del pequeño Benjamín, el niño de siete años diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que fue asesinado en Talcahuano presuntamente por su padrastro. Según la información, el establecimiento educacional había dado alerta a las autoridades competentes meses antes, pero el peritaje del Servicio de Protección Especializada concluyó que no existía vulneración de derechos, lo que impidió activar los protocolos de resguardo.
La diputada subjefa de la bancada UDI, Marlene Pérez, acusó directamente al sistema de protección de no haber actuado a tiempo. “Una vez más falla el Servicio de Protección Especializada. El diagnóstico clínico especializado que se le realiza a los niños ante estas denuncias, tanto por parte del colegio como de familiares del pequeño Benjamín, determinó que no había vulneración de derecho”, sostuvo.
Bajo ese contexto, la parlamentaria también expresó que producto de los peritajes no se activaron los protocolos que debieron haber dado protección al menor y a la familia. “Esto se tiene que investigar. Acá se debe hacer justicia”, señaló.
La parlamentaria también reveló que las denuncias fueron ingresadas tanto en Concepción como en Talcahuano, sin que se activaran medidas concretas de protección. Desde el entorno del menor, así como desde el establecimiento, aseguran que había señales claras de alerta que no fueron consideradas con la debida urgencia.
“Es indignante, se hicieron denuncias de parte del colegio a los tribunales de familia, su abuela también levantó las alertas, pidió la custodia del niño. La justicia falló, el sistema de protección no actuó y eso se debe investigar y debemos buscar justicia para Benjamín”, agregó.
El crimen, que ha generado conmoción a nivel nacional, vuelve a abrir el debate sobre la capacidad de respuesta del Estado frente a denuncias por posibles vulneraciones a la infancia, especialmente en casos donde hay condiciones como el TEA que requieren un enfoque más especializado y sensible.
