En el Congreso se tramita un proyecto de ley que busca modificar una de las reglas
fundamentales de la administración de las aguas en Chile: la proporcionalidad entre los
derechos de aprovechamiento y los votos de sus titulares en las organizaciones de
usuarios.
La iniciativa, conocida como “Una persona, un voto”, parece razonable cuando se plantea
como una forma de ampliar la participación de los pequeños usuarios. Sin embargo,
traslada un principio propio de la representación política a instituciones cuya finalidad es
distinta: administrar derechos de terceros, distribuir un recurso escaso y mantener
infraestructura financiada por sus integrantes.
Las organizaciones de usuarios de aguas no son órganos de representación política. Son
entidades reguladas por el Código de Aguas, encargadas de administrar derechos de
aprovechamiento y cumplir obligaciones específicas frente a sus titulares.
La regla de Oro; cada usuario tiene derecho a recibir el agua que proporcionalmente le
corresponde, sin privilegios ni discriminaciones.
Esta regla se aplica por igual a todos los usuarios, cualquiera sea su identidad o capacidad
económica.
El sistema vigente establece una relación entre acciones, votos y financiamiento: los
derechos determinan la participación de los usuarios y los gastos comunes se distribuyen,
como regla general, proporcionalmente a ellos. Está estructura mantiene una
correspondencia entre el poder de decisión, los derechos administrados y la
responsabilidad económica. Quien participa en mayor proporción de los derechos
participa también en mayor proporción de las decisiones y de las obligaciones comunes.
El proyecto pretende romper esa correspondencia. Bajo la nueva regla, una mayoría de
personas que represente una proporción minoritaria de los derechos podría decidir sobre
presupuestos e inversiones que deberán financiar principalmente otros usuarios. ¿Es
razonable que una mayoría que representa apenas el 10 % de los derechos pueda decidir
inversiones cuyo costo deberán financiar, en un 90 %, otros titulares?
La igualdad ante la ley no significa desconocer las diferencias jurídicas ni económicas entre
los usuarios. La proporcionalidad no establece categorías de usuarios ni privilegios
personales. Reconoce a cada derecho la misma participación y asigna a su titular las
responsabilidades que le corresponden. Esa es precisamente una forma objetiva de
igualdad.
Todos deben contar con la misma protección para exigir el respeto de sus derechos, pero
eso no implica que administren la misma cantidad de recursos ni asuman las mismas
obligaciones.
La experiencia del Río Maule demuestra la complejidad de esta tarea. En una cuenca
donde conviven miles de usuarios, embalses, grandes obras hidráulicas y distintos usos del
agua, las decisiones deben sustentarse en derechos, responsabilidades y antecedentes
técnicos, no en mayorías electorales desvinculadas de esas obligaciones.
Además, el cambio podría generar incentivos para dividir acciones entre distintos titulares
con el propósito de aumentar la influencia electoral, trasladando prácticas de
competencia política a instituciones cuya función debe ser esencialmente técnica y
administrativa.
Estas advertencias fueron planteadas durante la discusión legislativa de 2025 por la
Dirección General de Aguas, académicos y representantes de organizaciones de usuarios.
En esa oportunidad, la Comisión de Recursos Hídricos rechazó las principales
modificaciones al régimen de votación. Sin embargo, durante 2026 nuevas indicaciones
reincorporaron esas mismas disposiciones, sin responder a las objeciones técnicas,
económicas y jurídicas que habían motivado su rechazo.
Si el objetivo es proteger a los pequeños usuarios, existen alternativas concretas:
fortalecer la transparencia, garantizar el acceso a la información, controlar los conflictos
de interés y perfeccionar los mecanismos de reclamación.
Es posible ampliar la participación sin desarticular la relación entre derechos, decisiones y
obligaciones. Las organizaciones de usuarios no necesitan convertirse en parlamentos del
agua. Necesitan administrar correctamente los derechos de sus integrantes, conservar sus
obras y garantizar que todas sus decisiones se ajusten a la ley.
La participación debe fortalecerse, pero no a costa de separar el poder de decisión de la
responsabilidad que lo acompaña.
Porque en la administración de las aguas, tan importante como quién decide es quién
responde por las consecuencias de esa decisión.
