El diputado Evópoli, Jorge Guzmán, junto a un grupo de parlamentarios de Renovación Nacional, presentó un proyecto de reforma constitucional que restringe la aplicación retroactiva de beneficios penales en delitos sexuales. El objetivo es cerrar definitivamente la puerta a las reducciones de condena para condenados por violación y abuso sexual, incluidos los delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes.
“En Chile, ningún condenado por violación o abuso sexual contra menores de edad debería recibir beneficios que reduzcan su condena y por eso, el año 2022, aprobamos una ley para impedirlo, pero su aplicación rige para condenados del 2022 en adelante, lo que ha permitido que condenados con anterioridad sigan accediendo a estas rebajas de pena”, señaló el diputado Guzmán.
El parlamentario detalló que, “ya son 332 casos en los últimos 5 años, es una aberración. 276 personas beneficiadas durante el gobierno del presidente Boric y 56 durante el gobierno del presidente Kast. Esto tiene que terminar. Por eso, hemos presentado una reforma, para que esta prohibición sea sin excepciones y cerrar la puerta de estos beneficios. No podemos permitir que interpretaciones judiciales terminen beneficiando y siendo una ventaja para quienes cometieron delitos tan brutales contra niños y niñas”, sostuvo Guzmán.
El problema de fondo, según explica el diputado, es la Ley N.º 21.421, de 2022, que excluyó del beneficio de reducción de condena a quienes cometieran determinados delitos sexuales contra menores de edad. Sin embargo, los tribunales han interpretado que esa exclusión no puede aplicarse a delitos cometidos antes de su entrada en vigencia, lo que ha permitido que muchos condenados sigan accediendo a rebajas.
Por lo mismo, el parlamentario indicó que el proyecto incorpora a la Constitución una regla clara:
– En el caso de condenados por delitos sexuales, la procedencia de los beneficios de reducción de condena o de salida anticipada se determinará según la ley vigente al momento de resolver su otorgamiento, y no según la vigente al momento del delito.
– La norma se aplicará de inmediato a todas las solicitudes pendientes, cualquiera sea la fecha en que se cometió el delito.
– Quedarán sin efecto los beneficios concedidos por resolución administrativa a condenados por delitos sexuales en los seis meses anteriores a la publicación de la reforma.
La propuesta distingue entre la pena fijada por sentencia, que no se modifica, y los beneficios posteriores de ejecución, que no constituyen un derecho adquirido mientras no hayan sido concedidos. Con ello busca dar certeza jurídica y terminar con los criterios contradictorios entre tribunales.
El proyecto es firmado por los diputados Jorge Guzmán, Ximena Ossandón, Francisco Orrego, Juan Carlos Beltrán, Diego Schalper, Mauro González, Claudia Mora, Eduardo Durán, Carlos Chandía y Daniel Valenzuela.
“La infancia se protege con hechos y no con discursos, y en honor a las víctimas, vamos a dar esta batalla con toda la fuerza y la convicción necesaria para que estos delitos tengan las consecuencias que se merecen”, concluyó el diputado Guzmán.
