“El paso de las semanas puede hacer que esa posibilidad se pierda, incluso si posteriormente se concede lo solicitado”. Juan Aliste Vega dejó esa advertencia en la carta con que pidió un indulto humanitario a José Antonio Kast.
Murió este domingo 11 de octubre, seis días después de ingresar la solicitud a Justicia, sin una resolución. En ese tiempo, su petición encontró un inesperado respaldo en Republicanos, precipitó una renuncia y quedó vinculada al debate sobre los condenados recluidos en Punta Peuco.
El caso terminó enfrentando a quienes defendían un criterio humanitario transversal con quienes rechazaban utilizarlo para facilitar beneficios a otros condenados por crímenes de lesa humanidad.
Macarena Santelices renunció al partido fundado por Kast; desde la izquierda, el exministro Jaime Gajardo calificó el apoyo republicano de “inmoral”. Pero la defensa de Aliste rechaza toda esa instrumentalización y asegura que tampoco recibió información clara sobre el expediente de Aliste.
Para Kast, la encrucijada aumenta: como candidato ofreció indultos y como presidente, ha defendido evaluar cada solicitud individualmente, caso a caso. Su partido mantiene el respaldo a medidas transversales y libertarios presionan por acelerar respuestas, mientras otras voces cuestionan equiparar delitos comunes con violaciones a los derechos humanos.
Todo ocurre cuando fuentes de este medio anticipaban posibles novedades durante octubre, especialmente en casos vinculados al 18-O.
Seis días
Juan Aliste Vega tenía 53 años, padecía cáncer terminal y permanecía en el Hospital Penitenciario de Santiago. El exmiembro del movimiento Lautaro cumplía penas que sumaban 42 años por el homicidio del cabo Luis Moyano, el homicidio frustrado de otro carabinero y dos asaltos bancarios.
“Sé que mis condenas son graves y que esta solicitud exige una decisión fundada y responsable”, escribió. Reconoció el sufrimiento de las víctimas y pidió recibir cuidados en casa, junto a su esposa y sus hijos.
La petición, revelada por BioBioChile, ingresó el 5 de octubre al Ministerio de Justicia. Su abogado, Ricardo Bravo Cornejo, sostiene que solicitaron expresamente urgencia, pero hasta el fallecimiento no recibieron requerimientos formales de antecedentes adicionales:
“Considerábamos que los antecedentes médicos disponibles eran suficientemente relevantes para justificar una evaluación prioritaria”, dijo a este medio. “Pero nunca recibimos información clara respecto de la etapa específica en que se encontraba el expediente”, agrega.
En medio de ese escenario, en todo caso, cercanos al caso pensaban que el indulto podía resolverse a tiempo o, al menos, que podía existir alguna notificación sobre el estado de la solicitud.
El 7 de octubre, Fernando Rabat había señalado a 24 Horas que se enteró por la prensa y que correspondía seguir la tramitación habitual. “No hay decisiones adoptadas a este momento”, indicó.
