Andrés Longton propone “dejar sin efecto mediante la nulidad de derecho público” el contrato, mientras que Paula Labra adelantó que citará a la ministra de Cultura y a la directora del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural a la comisión de Cultura para que aclaren los recursos públicos traspasados en los últimos años a la entidad del expresidente.
Según la Real Academia de la Lengua, “opacidad” es un sinónimo de “oscuridad, turbiedad, negrura, borrosidad”. Algo que viene ocurriendo con el apellido Allende. Sí, porque a lo que pasó con la compraventa de la casa del expresidente, donde su hija Isabel Allende y su nieta Maya Fernández, terminaron saliendo del Senado y del Ministerio de Defensa -respectivamente- porque derechamente por sus cargos no podían realizar contratos con el Estado.
Ahora se suma que producto de una deuda con el Serviu, la Fundación Allende cerró un contrato en 2004 y en 2015 canceló lo adeudado con 93 obras de arte, valuadas en 800 mil dólares. Pero, según se conoció por una publicación de El Mercurio, estas aún no han sido entregadas físicamente al organismo público.
Al respecto, Andrés Longton -presidente de la comisión investigadora del caso Allende- recordó que “en su momento diputados RN llevaron a Contraloría esta singular operación que tuvo reparos legales, ya que Hacienda no autorizó esta operación que por ley estaba obligado a hacerlo”. Añadiendo que lo llamativo es que “regularmente la familia Allende tiene un tratamiento bastante excepcional y privilegiado para hacer tratos con el Estado, no cumpliendo requisitos legales y aprovechando la especial cercanía política que ha tenido con gobiernos de izquierda en una suerte de complacencia evidente por parte de autoridades que tienen que resguardar el patrimonio fiscal”.
Detallando a renglón seguido que se vió “con la fallida compra de la casa del expresidente. Es por eso que le solicitaremos a Evelyn Matthei que incorpore dentro de sus propuestas, el recuperar esas valiosas obras para que sean destinadas al cuidado del Ministerio de Cultura”. O en su defecto, dijo, “dejar sin efecto mediante la nulidad de derecho público, además de la revisión de estos recursos destinados a esta y otras fundaciones que parecen tener como finalidad el mantener con sueldo a la militancia política de izquierda”.
Mientras que la diputada Paula Labra, también integrante de la comisión investigadora del caso Allende, agregó que “tenemos antecedentes suficientes para determinar que se han cometido irregularidades con recursos públicos favoreciendo a la fundación Allende”. Precisando que por “el estrecho vínculo de colaboración para su funcionamiento con el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, citaremos a su directora Nélida Pozo, y la Ministra de Cultura, Carolina Arredondo, a la comisión de cultura para aclarar todos los traspasos de recursos públicos que han realizado desde el año 2022 a la fecha”.
Finalmente, la legisladora adelantó que “dentro de nuestras facultades, fiscalizaremos hasta las últimas instancias que sean necesarias para no se continúe enriqueciendo a la familia Allende a costa del Estado”.
